'Institucionalidad y largo plazo' es el nombre de la columna de Salomón Lerner Febres publicada en La República, donde señala que la solución a los problemas que aquejan el panorama político y social sería la institucionalidad, para apuntar a una sociedad en democracia y con bienestar.

El filósofo indica que los actos de corrupción de las autoridades y la normalidad con la que la población los acepta y pasa por alto, demuestran que un ciudadano no los percibe como un acto de agresión dirigidos a sí mismos, cuando debería ser todo lo contrario.

Lerner Febres consideró como un claro ejemplo de aquello lo que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales, con la alta votación que obtuvo Keiko Fujimori, corroborando que los votantes consideran aceptable la idea de sacrificar ciertos principios a cambio de resultados.

Ante eso plantea la institucionalidad como base, una educación apoyada en principios democráticos para que surja una cultura de valores y para formar instituciones consistentes, lo que será viable con inteligencia y a largo plazo.

Aquí la columna de Salomón Lerner Febres publicada en La República:

A la luz de nuestra historia reciente, parecería que en el Perú siempre resulta una osadía embarcarse en prospectivas de largo aliento. Tenemos la sensación de estar secuestrados por la contingencia, de hallarnos condenados a ver desbaratadas nuestras ilusiones colectivas más valiosas, nuestros proyectos nacionales más trascendentes, por repetidos “accidentes” –golpes de mano, aventuras personales, exorbitantes intereses de facción– que hacen la pequeña historia de las naciones.

Reparemos, a manera de ejemplo, en lo siguiente: este año deberíamos estar haciendo el balance de once años de recuperación de la democracia, luego del desastre político y moral provocado por la dictadura fujimontesinista. Sin embargo, nos hallamos una vez más  atrapados por problemas que  ya deberían casi  haber desaparecido de nuestra vida social y política. Los actos  de corrupción y en general de  incapacidad moral que son protagonizados por algunas de las autoridades elegidas reclaman, con justicia, nuestra atención y condena, pero ello no debiera permitir que aceptemos sin protesta un panorama social que parece ser una nueva puesta en escena del mito de Sísifo, a quien, como sabemos, se condenó a subir eternamente hasta la cima de una colina una pesada piedra, la cual, una vez llegada a su destino, volvía a despeñarse.

Entendemos que sería un grave error tomar esta “sensación de lo ya vivido” como razón para refugiarnos en un cómodo escepticismo y renunciar a la propuesta de metas y vías para nuestra colectividad. Debemos, por el contrario, situarnos en un plano superior de realismo, no en aquel que se resigna al peso muerto de lo fáctico, sino en aquella disposición mental que, asumiendo los hechos tal como son, sabe insertarlos en una trama de significados y posibilidades no menos reales que se prefiguran como futuro a alcanzar.

En ese esfuerzo de comprensión y análisis que, a la par que nos permita atender las urgencias cotidianas, nos encamine a esbozar un modelo social permanente, surge de inmediato el tema de la institucionalidad como un espacio desde el cual el bienestar, la democracia, la paz social, la justicia y, en fin, el desarrollo llegarían a ser conquistas duraderas y colectivas, no éxitos efímeros ni preseas para el aprovechamiento egoísta.

Debemos tener presente en esa reflexión que nuestro anhelo de un sistema democrático pleno, sostenido en instituciones firmes y en una conciencia cívica que comprometa a todos los ciudadanos, fue duramente lastimado por la dictadura reciente, un proceso político que se propició y a la vez se benefició del deterioro de elementales virtudes cívicas. Tal degradación llevó a una porción no desdeñable de la opinión nacional, enervada por sucesivas crisis y hondas dificultades, a tolerar la idea de que es aceptable sacrificar ciertos principios y algunas buenas maneras a cambio de resultados prácticos.

Ese panorama lamentablemente no ha cambiado del todo: aún hoy existen personas que se aferran a ese pensamiento y de ello es clara expresión la votación que obtuvo en las últimas elecciones presidenciales la candidata Fujimori. Queremos creer, sin embargo y a la luz de los resultados finales obtenidos, que una mayoría de peruanos hemos aprendido que los principios democráticos lejos de constituir obstáculos para el desarrollo, son  más bien la condición para que él sea posible.

Ese logro será viable, ciertamente, si se halla sustentado en instituciones firmes. Pero debemos estar prevenidos contra la tentación de entenderlas de manera reductiva, como la suma de estructuras materiales y frondosos bosques de leyes y reglamentos. Las instituciones son, ante todo, una realidad humana y en particular una realidad moral en el doble sentido de esta palabra: costumbre colectiva y norma ética. Ellas viven en nuestras mentes y es ahí, en nuestro pensamiento, donde residen las motivaciones que finalmente las conducirán a ser fuertes y durables o endebles y fugaces.

Si nuestras instituciones han sido hasta ahora árboles frágiles, si se han curvado tan dócilmente ante el primer viento autoritario o han cedido con el tiempo ante la carcoma de la corrupción, es porque sus raíces en la conciencia ciudadana son aún incipientes. En una sociedad democrática, el atropello de las instituciones que ordenan y civilizan la vida política debe ser sentido por el ciudadano como una agresión dirigida a sí mismo. Para que en el Perú veamos tal experiencia necesitamos, a través de la educación, hacer germinar una cultura que hable de valores permanentes, de una formación que permita robustecer las normas de convivencia y nos invite además a participar de una comunidad dialogante y solidaria.

Solo con hombres educados, civilmente cultos, con organizaciones sociales consistentes, con un régimen auténticamente democrático que recorra toda la vida nacional, con claros horizontes axiológicos será posible pensar en proyectos de largo plazo. Trabajemos con inteligencia y pasión para conseguirlo.